MEDELLÍN DE CUAL TRASFORMACION ESTAMOS HABLANDO...

CUANDO EL DERECHO A LA VIDA DE LA POBLACION MÁS POBRE ESTA SIENDO AMENAZADO

Se ha vuelto lugar común, escuchar que Medellín se está transformando desde el punto de vista del ordenamiento del territorio y/o el urbanismo social, dicha opinión se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Pero de qué sirve dicha transformación si esta no resuelve el problema del conflicto urbano y la violación al derecho a la vida.

El conflicto en las comunas es el resultado de las fallidas desmovilizaciones

La situación que se vive en las comunas pobres de Medellín, es producto de la manera improvisada como fue tratado el tema de la reinserción de los grupos paramilitares, lo cual se explica en el afán de los gobiernos nacional y municipal, por mostrar resultados sobre el número de hombres  desmovilizados, entrega de armas  y disminución en los homicidios.

Sumado a lo anterior, el  mecanismo puesto en marcha para la desmovilización física de las tropas paramilitares no fue riguroso y estuvo expuesto a abusos. El grupo paramilitar que se desmovilizó entregó al gobierno una lista de sus miembros y un inventario de sus armas. En el caso de Medellín, hubo abusos flagrantes. Los hechos demostraron que la lista proporcionada por el BCN[1] incluía a muchos delincuentes comunes y omitía a muchos de los dirigentes del grupo, especialmente los que se enfrentaban a investigaciones criminales por violaciones de derechos humanos. También incluía a muchos hombres e incluso varias mujeres que sólo por obtener los beneficios económicos se presentaban como paras sin haber cometido ningún delito, sólo pretendían mostrar cantidades.

Los hechos sucedidos en el último año y que son de conocimiento público, han evidenciado que los acuerdos entre el gobierno y los comandantes paramilitares, estuvieron centrados  en pactar la disminución de homicidios en Medellín y el área metropolitana, con la definición de  beneficios de tipo económico y de asistencia social que recibirían los desmovilizados, los cuales quedaron oficializados en el Decreto 128 del año 2003. Lo que incluyó el acuerdo entre la institucionalidad del Estado nacional y Municipal para que una entidad como la Corporación Democracia, asumiera el control delincuencial en toda la ciudad con apoyo explicito de la Oficina de Reinserción de Medellín.

Quedó pendiente por formalizar y oficializar varios aspectos de orden jurídico y legal sobre los beneficios, reducciones de penas, restitución de bienes, y en general de sometimiento a la justicia. Además de aspectos trascendentales de la verdad, la justicia y la reparación.  Y permitiendo que se siguiera victimizando a quienes siempre han padecido la exclusión en la ciudad - la población pobre -

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El paramilitarismo oculto que no se desmovilizó

Después de consolidada la estrategia paramilitar en Medellín, se procedió con la desmovilización para cerrar la etapa de legitimación, "Esta fase entraña la generación de ingresos mediante la compra de empresas legales. Los paramilitares crean Corporaciones, fundaciones y cooperativas para promover proyectos de producción, participan en el trabajo comunitario, especialmente en los barrios pobres, y tratan de controlar los procesos electorales y políticos regionales y nacionales. Las violaciones de derechos humanos disminuyen a medida que se neutraliza la oposición a la estrategia paramilitar"[2].

En su momento, Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones Comunitarias, Líderes y Lideresas, hicieron denuncias sobre los ajustes que venían sucediendo en la estructura paramilitar, sin desmotar su estructura mafiosa y criminal que continuaba funcionando en los barrios mediante el control territorial, expendio de droga, extorsión a transportadores y el lavado de dinero en el comercio barrial; generando en la población hostigamientos amenazas y en general violaciones a los derechos humanos.

Debe tenerse en cuenta que la Administración Municipal a través de Programas de Reconciliación desde la Oficina de Reinserción y de la Secretaria de Gobierno, como Delinquir No Paga, y desde programas como el Presupuesto Participativo, legítimó la participación social y política de los desmovilizados, quienes en un tránsito rápido, lograron pasar de ser un actor armado de terror para la comunidad a sentarse a discutir proyectos con líderes sociales y comunitarios que por años estuvieron al margen de la guerra, con lo cual eran los líderes comunitarios quienes debían resistir la envestida de quienes aún por la fuerza promovían la consecución de recursos económicos a través de las organizaciones fachadas del paramilitarismo.

Conflicto urbano en  Medellín

Según datos de la Policía, los homicidios en la ciudad Medellín en el año 2009 aumentaron 64 por ciento, al pasar de 871 a 1.432. Pero podría ser peor, según Medicina Legal. Esta institución contabiliza 2.178 asesinatos, contra 1.044 en el 2008, es decir, un aumento del 108 por ciento. Esto a pesar de que el gobierno municipal expresa en emisión televisiva por el canal regional de Tele Antioquia que la ciudad - en su centro y no en la periferia - fue visitado por más de 1.2 millones de personas en el pasado diciembre, que la ocupación hotelera fue hasta el final del año de más del 47% y que en una encuesta con los visitantes extranjeros sólo el 2% manifestó la inseguridad como un problema de la ciudad[3] - pero que no tuvo en cuenta las vacunas y amenazas al sector transportador, el incremento del conflicto urbano y del desplazamiento intraurbano y que justo los visitantes son los más cuidados por la fuerza pública, ya que esta llega antes de 3 minutos a un asalto a un banco, e incluso nombran fuerza pública para que acompañen a quien retira dinero de los bancos y no padezcan fleteo, pero tardan más de 20 minutos para llegar a los barrios periféricos a cubrir las balaceras que se presentan o a recoger los muertos cuando estos se presentan, cotidianamente como lo es hoy.

Otro hecho preocupante es el incremento de las bandas y combos en los distintos barrios de la ciudad, según datos del periódico El Espectador, en Medellín existen 145 combos delincuenciales conformados por 3.639 jóvenes entre los 14 y los 37 años. La cifra podría ser mayor  ya que en el segundo semestre se agudizaron los enfrentamientos en por lo menos 26 sectores de la ciudad y con ello el reclutamiento de niños y jóvenes. Es de anotar que los combos delincuenciales que hoy son tan mencionados como La Galera, La 38 y La Silla, son los mismos que concentraron a quienes se desmovilizaron en Medellín y como ya se mencionó, fueron quienes nunca perdieron su poder de combos a pesar de hacerse llamar como desmovilizados con el beneplácito del gobierno de la seguridad democrática y del gobierno municipal que decía que "habíamos pasado del miedo a la esperanza".

A estas escalofriantes cifras, se suma que cada día crece el número de denuncias en torno al accionar criminal de un centenar de grupos armados que imponen las condiciones en los territorios bajo su dominio, amedrentando, asesinando, desplazando y estableciendo todo tipo de controles ilegales, para lo cual se valen de la capacidad de intimidación que poseen gracias a que cuentan con armas de fuego, muchas de ellas fusiles y ametralladoras[4].

Según información de la propia comunidad, "la policía y el ejército que se han enviado para proteger la comunidad, son los mismos que ahora tienen encendido el fuego en las mal llamadas comunas, ya que son ellos quienes satisfacen de munición y de armas a los delincuentes que además protegen" y que según señala incluso la propia Personería,  se da porque son conocidos y protegidos de ellos y propone incluso la Personería que la fuerza pública no cuente con efectivos de la misma comuna o ciudad[5].

Qué está pasando en la Comuna 1

Meses atrás el grueso de la sociedad medellinense no tenía ni idea de la existencias de los sectores La Silla en el Barrio Santo Domingo y el sector de La Galera y la 38 en el Popular #1, pese a que estos sectores son receptores de población víctima del desplazamiento forzado[6] y desde su conformación, no han contado con los servicios sociales básicos, prueba de ello, es que están en la lista de los sectores con más altos niveles de desconexión de los servicios públicos domiciliarios de energía y agua.

Como ya es común en la historia reciente de nuestra ciudad, estos barrios y sectores empobrecidos saltan a la luz pública y empiezan a ser reconocidos por la ciudadanía  por las atrocidades producto del conflicto y enfrentamiento de los actores armados como fue otrora el caso de otros barrios periféricos de la Ciudad. Es decir de nuevo victimizar a las víctimas y estigmatizar a estos sectores periféricos diciendo que el problema es un conflicto entre actores armados del narcotráfico - aislados - que no compromete a toda la ciudad, hace que se ponga una cortina de humo que no deja ver el verdadero problema ocasionado por la gran desigualdad y mala distribución de la riqueza que se da en la ciudad.

Mucho se ha especulado sobre las causas que rodea la confrontación entre  las estructuras mafiosas herederas del paramilitarismo. La que más se ha ventilado es que "la actual escalada de violencia que presenta Medellín, evidentemente es el fruto en lo esencial del proceso de reorganización del mundo criminal, como consecuencia de la pérdida del poder hegemónico de la Oficina de Envigado por cuenta de la extradición de alias  Berna. No obstante, es indiscutible que otros factores han contribuido a la actual situación de violencia y miedo"[7].

Para la Corporación Con-Vivamos cabrían dos hipótesis más,  la primera es la irrupción de mandos bajos y medios, algunos paramilitares reinsertados y otros que conformaban la estructura no desmontada, que conformaron sus propias bandas y combos para controlar los negocios ilícitos y conservar simbólicamente la presencia ganada por el paramilitarismo, ante la falta de patrón.

Lo segundo, es la reagrupación de la estructura mafiosa para penetrar en territorios controlados por ex miembros de la oficina de envigado para disputarle el control territorial,  estas estructuras podría estar siendo patrocinadas por sectores políticos, comerciantes  y ex contratistas del municipio, que estarían interesados en desestabilizar el orden público en la ciudad y de paso desprestigiar labor  que en materia de seguridad y convivencia viene realizando la administración de Alonso Salazar, lo que hacía el futuro cercano le mermaría posibilidades de continuidad al proyecto político que en los últimos años ha gobernado la ciudad.

Es necesario reconocer que el modelo de desarrollo que ha presentado la institucionalidad, desde los sectores de ONGs, desde la iglesia y desde el sector empresarial - sobre todo el financiero - no incluyen para nada la atención integral a las personas más excluidas de la sociedad y las políticas públicas son paños de agua tibia con respuestas mínimas y particulares en la atención de la pobreza de la ciudad que hoy es del más del 52% en Medellín y que concentra la riqueza en el sector financiero - ver resultados  de los balances financieros de marzo de 2009 y las ganancias de dichas empresas en el fin de año  - que no concuerdan con el alto desempleo y la vinculación de menores y jóvenes en la guerra de la ciudad, con lo cual el miedo invade la ciudad y con lo que se manifiesta que hemos perdido LA ESPERANZA DE NUEVO, YA QUE EL MIEDO NOS INVADE.

Hechos

Independiente de las razones,  lo que es cierto es que no sólo en la Comuna #1 sino en por lo menos nueve (9) sectores más, los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados registran más de 520 familias desplazadas, 46 menores de edad  impactados con armas de fuego, limitaciones de los pobladores  y pobladoras para trasladarse de un barrio a otro, irregularidad en la prestación del servicios de transporte, personas confinadas en sus viviendas y debajo de la cama para protegerse de las balas, utilización de la población adulta mayor y de la población infantil como escudos humanos del conflicto,  y más de un centenar de muertos,  muchos de ellos personas al margen del conflicto.

Qué hacer entonces?

El problema de confrontación armada que se vive actualmente, no se resuelve sólo con la militarización de un sector  de la ciudad, ni con las capturas masivas de jóvenes "carritos" que están haciendo el mandado, presionados o pagados para que halen el gatillo[8].

Consideramos que el problema no se resuelve con propuestas de una tercería que dialogue con los combos, ni con un rápido nombramiento de un "Super" secretario de gobierno, propuestas que han sido realizadas por diversos sectores políticos de la ciudad en los últimos días.

El paquete de medidas debe conseguir  investigar capturar y judicializar a los "poderosos" que poseen y movilizan mucho dinero y se benefician de la guerra.

De igual manera investigar y sancionar con todo el peso de la ley a los miembros de la fuerza pública corruptos que cohonestan y son conniventes con las estructuras mafiosas que han sucedido y reemplazado a los grupos paramilitares[9].

Investigar cómo y por dónde están entrando las armas y las municiones para surtir a las estructuras mafiosas que han sucedido y reemplazado a los grupos paramilitares.

Intensificar la agenda de programas sociales y económicos que aporten a la disminución de las profundas desigualdades sociales que viven los pobladores de las periferias de la ciudad.

Plantear todos los sectores, especialmente el empresarial, un compromiso por la redistribución de la riqueza que permita que los mínimos vitales - empleo, vivienda, educación salud, protección social y servicios públicos domiciliarios -  de los más empobrecidos y excluidos de la ciudad sean resueltos con políticas de solidaridad, que contribuyan al tejido social y no a la guerra, en donde cada habitante de un sector periférico de la ciudad sienta desde la práctica que en verdad delinquir no paga, ya que sus necesidades básicas insatisfechas están resueltas desde lo mínimo.

Ante la delimitación del territorio por los actores armados, la restricción de la libre movilidad de la población y  el condicionamiento de las dinámicas sociales[10], es necesario construir estrategias y coordinar acciones  con el Gobierno Local, la comunidad y las organizaciones sociales ubicadas en el territorio, que contribuyan al rompimiento de barreras territoriales y a la  transformación de imaginarios que sustentan el conflicto, en pro del mejoramiento de la convivencia comunitaria.

HOY MÁS QUE NUNCA VALE LA PENA DECIR QUE OTRA CIUDAD ES POSIBLE, SIN MISERIA NI EXCLUSIÓN

Medellín, Enero 14 de 2010-01-14

Corporación Con-Vivamos

Desde la Zona Nororiental en pro de la Organización Comunitaria

Calle 95 A 39-24 Medellín, Colombia

Teléfono: (0574) 236 53 98 Fax: (0574) 236 55 18

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[1] Bloque Cacique Nutibara

[2] Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?. Información derechos humanos, Equipo Nizkor.

[3] Emisión de Tele Antioquia. noticiero de las 7:30 p.m. del día 13 de enero de 2009. entrevista al Alcalde de Medellín.

[4] Alfredo Jaramillo, Analista político, artículo es una publicado en el semanario caja de herramientas, publicado por la  Corporación Viva la Ciudadanía.

[5] Tanto para el Personero de Medellín como para Jorge Mejía Martínez, otro de los problemas a resolver  es la connivencia  entre algunos  miembros de la  fuerza Pública  con las bandas delincuenciales. La mayoría de policías y soldados son de la misma ciudad  y hasta del mismo barrio, y eso crea, algunas veces,  un problema de connivencia que o perjudica la labor de las autoridades". (Periódico El Colombiano, 10 de enero de 2.010).

[6] ...En octubre de 2009 implementamos el mecanismo de protección de bienes de esta población vulnerable, para que no pierdan sus propiedades una vez se vean obligados a salir de sus barrios.  Se presentan dificultades en el tema de valoración que hacen las autoridades de la población desplazada: "Hay un gran vacío jurídico, además no hay un criterio unificado y aún está en debate si estos nuevos actores armados, combos y bandas,  son reconocidos para reconocer a sus víctimas como afectadas por el desplazamiento forzado. Entonces no hay manera de dar a esta población el tratamiento jurídico diferencial que requiere". (Periódico El Colombiano)

[7] Alfredo Jaramillo, Analista político, artículo es una publicado en el semanario caja de herramientas, publicado por la  Corporación Viva la Ciudadanía.

[8] La rebaja de la edad de imputabilidad en la comisión de delitos, ha aumentado la vinculación de menores de 14 años, en acciones delictivas, como robos y asesinatos. Niños de 9, 10 y 11 años, en los últimos enfrentamientos en algunos sectores de la zona, se han visto disparando las armas. De "carritos" transportadores de  armas y drogas,  a "gatilleros" (disparadores) y consumidores de drogas.

[9] "Tanto para el Personero de Medellín como para Jorge Mejía Martínez, otro de los problemas a resolver  es la connivencia  entre algunos  miembros de la  fuerza Pública  con las bandas delincuenciales. La mayoría de policías y soldados son de la misma ciudad  y hasta del mismo barrio, y eso crea, algunas veces,  un problema de connivencia que o perjudica la labor de las autoridades". (Periódico El Colombiano, 10 de enero de 2.010)

[10] Expresado en el confinamiento de la población en las viviendas a horas determinadas por los actores y legitimadas por el miedo.