“Los niños y las niñas tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, tenemos derecho a opinar y a reunirnos con otros niños y niñas, no debemos quedarnos callados ni tener miedo a decir algo. Por eso debemos decir algo cuando alguien no nos deje hablar, para expresar cómo me siento, feliz, triste, mal, también respetando la opinión y derechos de los demás. No solo expresarnos con palabras… podemos cantar, dibujar o hasta bailar. Expresándonos hacemos grandes cambios. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura o religión, los niños y niñas tenemos derecho a la libertad de expresión”.

Con este manifiesto, los niños y las niñas pertenecientes al proceso Tejiendo Sueños, en el barrio La Cruz, Comuna 3, se pronunciaron para reivindicar sus derechos, y para rechazar vulneraciones como las que se generan con el reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos ilegales en la ciudad de Medellín.

Algunos aspectos de la criminalidad y el conflicto en la ciudad

Según la Alerta 032 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 17 de julio del presente año, “son más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel que continúan realizando actividades ilícitas en el Valle de Aburrá y generando tanto riesgos como afectaciones directas a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes”. Esta alerta, que se generó debido a la presencia y accionar de grupos armados en seis comunas de Medellín, da cuenta de un panorama nada alentador en materia de seguridad y derechos humanos en la ciudad, con fuertes afectaciones y vulneraciones hacia mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Entre estos 140 grupos, la Defensoría del Pueblo identifica que en un primer nivel se encuentran dos grandes estructuras de grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo, como lo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC (sucesores de bloques de las AUC que tuvieron presencia en Urabá), y el Cuerpo Colegiado de la Oficina, antes conocido como la Oficina de Envigado (derivado de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada).

En un segundo nivel, que es donde según la Defensoría comienza la estructura de control territorial, se encuentran alrededor de 16 Grupos Armados de Crimen Organizado (que a su vez hacen parte de las AGC o La Oficina). Algunos de estos son San Pablo, Los Triana, La Terraza, Los Chamizos, la Oficina del 12 y Los Pesebreros. Todos estos con capacidad militar y económica, incidencia en la criminalidad transnacional, y proyección sobre otros territorios de la región.

Finalmente, se encuentran las estructuras de tercer nivel, entre las cuales fueron identificados alrededor de 113 grupos que tienen una incidencia más localizada, y ejercen control en los barrios y veredas de Medellín.

“Los grupos de tercer nivel están enquistados en la cotidianidad porque sus integrantes se criaron o provienen de familias del barrio, así que conocen plenamente el territorio y los pobladores”.

Alerta Temprana 032 de la Defensoría del Pueblo.

Todo este escenario de control hegemónico de grupos ilegales, o de disputa territorial entre algunos de ellos, conlleva entonces graves vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, entre las que se encuentran homicidios; desaparición de personas; desplazamiento forzado; vulneración de derechos a población migrante; violencias contra las mujeres, sexuales y basadas en género; amenazas a líderes y lideresas sociales; constreñimiento y extorsión; explotación sexual y comercial, así como  vinculación, utilización y/o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser instrumentalizados

“El reclutamiento y la utilización no es como quizá existe en el imaginario de muchas personas, que es para empuñar un arma, o estar en unas filas de un grupo, sino que es inclusive para la realización de otras acciones que no necesariamente son acciones ilegales”, explica Carolina Peláez, profesional jurídica del SATMED. De allí que resulte complejo establecer la magnitud, en términos cuantitativos, del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

Según refiere la Personería de Medellín, los niños, niñas y adolescentes son utilizados por los grupos armados porque son vistos con facilidad para moverse y pasar desapercibidos, y en muchos casos se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, y de la situación económica precaria de sus familias, por lo que el niño o la niña ve allí una posibilidad de conseguir dinero.

Así las cosas, pueden existir formas de vinculación más forzadas, mediadas por amenazas o por miedo, pero también por una voluntad, que como lo explica Peláez es una “voluntad viciada”, en tanto está movilizada por el deseo de reconocimiento o estatus, imaginarios que en parte se sustentan del conflicto y la cultura violenta. En el caso de las niñas, “muchas se involucran sentimentalmente con integrantes del grupo armado, simplemente por decir, soy la novia de… y detrás de eso también puede venir un tema de embarazo adolescente, violencias sexuales o explotación sexual comercial”.

Los niños, niñas y adolescentes son utilizados entonces para “el transporte de armas o drogas, para dar avisos, también para la comisión de delitos como extorsionar, o hacer el cobro de las llamadas vacunas en los establecimientos. Así mismo, se ha identificado que ahora la invitación a pertenecer a un grupo es entre ellos mismos porque es más exitoso. También hay una diferenciación en los roles de género, pues a las niñas, adolescentes y mujeres se les utiliza para la comisión de delitos más puestos desde lo sexual, como redes de explotación sexual y redes de trata. A los grupos armados el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes les genera ingresos”, explica Peláez.

Además de esto, existen otras formas de utilización que no necesariamente son ilegales, y que están relacionadas con el trabajo infantil, como es la venta de productos que han sido monopolizados por los grupos armados en los territorios, por ejemplo, arepas, huevos, entre otros.

Retos para la prevención y atención

“Una cosa es lo que se entiende por reclutamiento forzado y otra por uso y utilización, y esto hace más complejo el tema en términos de atención y si se quiere de judicialización”, agrega Peláez, quien se refiere a que, según la ley colombiana, el reclutamiento forzado solo es el que comete un grupo armado al margen de la ley reconocido por el Estado, que en este caso solo podría ser la guerrilla del ELN. Teniendo en cuenta que este grupo no opera o no tiene incidencia militar en Medellín, lo que ocurre en nuestro territorio es entonces “uso y utilización”, delito que incluso fue consagrado recientemente como tal en el Código Penal.

Esta diferenciación genera, según lo explica esta abogada, algunos vacíos legales y brechas en términos de atención para los niños, niñas y adolescentes que estén siendo vulnerados por estos delitos.

“El ICBF, que es quien tiene a su cargo los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas, solo admite dentro de su ruta a quienes fueron reclutados. El resto de los niños y las niñas que finalmente están siendo utilizados o instrumentalizados deben acceder desde otras rutas de restablecimiento de derechos que disponga la administración municipal o cualquier otro ente que tenga oferta para ellos y ellas”.

Carolina Peláez, profesional jurídica del SATMED.

A esto se suma que, tal como se enuncia en dicha Alerta 032 de la Defensoría, los enfoques de atención frente a este tema son principalmente punitivos. “El principal problema radica en la concepción de la institucionalidad sobre la problemática, principalmente en las autoridades rectoras de protección, ya que los y las adolescentes instrumentalizados por Grupos Armados de Crimen Organizado terminan siendo atendidos más por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que por otros programas preventivos”, menciona el documento.

Así las cosas, son más los jóvenes en procesos de responsabilidad penal, que investigaciones disciplinarias contra quienes han cometido uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Aunque particularmente Medellín cuenta con programas para la prevención de esta problemática, resultan insuficientes para la magnitud de la misma. Sin embargo, vale la pena mencionar que programas como el SATMED, o la Mesa de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, liderada por la Secretaría de Inclusión Social, han jugado un papel relevante en los procesos de restablecimiento de derechos, y en la implementación de programas o estrategias para que niños, niñas y adolescentes tengan otras ofertas y espacios por fuera de lo que les ofrecen los grupos armados.

En este caso también han resultado fundamentales y bastante efectivas las estrategias de prevención y acompañamiento comunitario, que, por estar inmersas en la cotidianidad de los territorios, permiten identificar los riesgos y situaciones de vulneración latentes, y en muchos casos, a tiempo.

Como lo plantea Yadira Pérez, madre y acompañante del proceso Tejiendo Sueños del barrio La Cruz, “el aporte que hacen las organizaciones sociales para prevención del reclutamiento de los niños es a nivel educativo, porque un niño que no sabe que un grupo armado lo puede abordar, y de pronto en su casa están pasando una necesidad, ignora que va a sufrir, que lo van a maltratar, pero un niño que ya tiene ese conocimiento sabrá poner un límite y estar al margen de estas organizaciones”.

Pero ante la necesidad de seguir luchando contra esta problemática, el SATMED, a través de su informe sobre Reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA (2018 – 2020), hizo un llamado a la institucionalidad a focalizar esfuerzos en el problema desde la prevención y promoción, y no tanto en acciones punitivas, y a la sociedad civil para “promover la movilización social, como una herramienta que sirva para la incidencia con los tomadores de decisiones para realizar cambios e inversiones en las políticas públicas que impacten en la disminución del reclutamiento forzado, uso y utilización”.

En ese sentido, el llamado también es a que como ciudadanos y ciudadanas promovamos la generación de entornos y redes protectoras, a que estemos alertas ante la ocurrencia de esta problemática, y a que desnaturalicemos el hecho de que niños, niñas y adolescentes participen en las dinámicas de criminalidad y conflicto que tantas vulneraciones a los derechos humanos han dejado para nuestra ciudad. 

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