Como resultado de la investigación “Pandemia y seguridad humana”, organizaciones comunitarias y academia proponen un plan de recuperación para atender multidimensionalmente las afectaciones de la pandemia en los barrios más vulnerables de la ciudad. 

Recientemente se lanzó en Medellín el reporte “Pandemia y seguridad humana”, en el que organizaciones comunitarias y academia analizan los impactos del COVID-19 en diversos sectores de la población, además de generar propuestas para afrontarlos. 

Según explicó Alexandra Abello, investigadora de este informe, “el enfoque de seguridad humana nos permitió reconocer que la seguridad y bienestar de las comunidades se puede afectar por conflictos, por desastres naturales, o por pandemias, y que en ese tipo de crisis es necesario crear estrategias que permitan proteger no solo la vida y la salud de las personas, sino también su dignidad y sus derechos humanos. Este enfoque nos permitió además identificar amenazas y riesgos en diferentes dimensiones de la existencia de las personas, y reconocer que las personas estaban viendo afectada su vida a nivel económico, personal, comunitario, político y de salud mental”. 

Por su parte, Clara Ortiz, directora de la Corporación Con-Vivamos, una de las organizaciones que aportaron a esta investigación, expresó que “el informe pone de manifiesto la deuda histórica que la dirigencia, los gobiernos y la sociedad en general tienen con el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y excluidas del bienestar y la justicia social”. 

Evento de presentación del informe «Pandemia y seguridad humana»

Las dimensiones de seguridad humana que afectó la pandemia

De acuerdo con este reporte, en las comunidades donde se llevó a cabo el monitoreo, se encontró un deterioro en aspectos como la seguridad económica, por pérdida del empleo, disminución de salarios, o imposibilidad para ejercer actividades de subsistencia, pero además porque las personas se vieron obligadas a recurrir a formas de endeudamiento informal, a desplazarse a zonas con costos de vivienda más económicos, o a ejercer la prostitución como forma de sustento. 

Por otro lado, también se presentó un deterioro en la seguridad alimentaria, por no poder consumir tres comidas al día o depender de subsidios o ayudas alimentarias, así como en la seguridad en salud, no solo a causa del número de personas que requerían atención médica por Covid-19, sino por la imposibilidad de acceder a servicios de salud producto de otras afecciones, y por el deterioro en la salud mental. 

La seguridad personal también fue otra dimensión fuertemente afectada, pues durante la pandemia aumentaron las violencias basadas en género, y hacia niños, niñas y adolescentes, con riesgos como la explotación sexual y comercial, el reclutamiento por parte de grupos armados. De la misma manera, la seguridad comunitaria, producto de tensiones vecinales, se deterioró, igual que la seguridad política, por la intervención de grupos armados en los territorios, y por el aumento del riesgo para quienes ejercen labores de liderazgo comunitario. 

Sumado a estos factores, el informe resalta una reducción en la capacidad y credibilidad de las instituciones claves frente a la resolución de estas amenazas, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos fundamentales para la población y en especial para las comunidades más afectadas por la pandemia. 

¿Cómo afrontar la crisis? 

A raíz de este monitoreo, en este informe las organizaciones e instituciones participantes proponen una “Estrategia de recuperación con perspectiva de seguridad humana que también sea multidimensional, integral, concertada y participativa”, para enfrentar y mitigar los riesgos y amenazas producto de la pandemia. 

Para esto, según el informe, se requiere entre otros asuntos conformar un diálogo de ciudad donde se pueda concertar las acciones de dicha estrategia; realizar diagnósticos de vulnerabilidad en las comunidades, y un diagnóstico de los impactos en la salud mental y física de las mujeres; diseñar programas de apoyo para personas que trabajan en la economía informal, así como estrategias de inclusión laboral para los y las jóvenes; crear equipos de atención psicosocial; garantizar la apropiación del enfoque de género entre servidores públicos; y ampliar la capacidad de mediación de conflictos en entornos familiares y vecinales. 

Finalmente, otra de las propuestas destacadas en este informe para la institucionalidad es apoyar el trabajo de organizaciones sociales y populares que defienden los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

El informe Pandemia y Seguridad Humana fue una alianza entre el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el Latin America and Caribbean Centre – London School of Economics, LSE, la Corporación Mi Comuna; la Corporación Cultural Nuestra Gente, y la Corporación Con-Vivamos. Además contó con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ACCID y Paz Con Dignidad.

Puede consultarlo y descargarlo completo a través del siguiente enlace: 

https://www.repensandolaseguridad.org/publicacioness/cartillas/item/pandemia-y-seguridad-humana.html?category_id=26

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