Organizaciones de la Nororiental crean estrategias ante reclutamiento de menores de edad

Mesa contra reclutamiento

Karen Zapata* sabe que el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de los grupos armados es una problemática palpable en el barrio Santo Domingo Savio de Medellín, y que tanto ella como sus vecinos y vecinas, amigos y amigas, compañeros y compañeras de colegio están en riesgo de ser víctimas de la vinculación. Karen, de 16 años, está cursando el grado once y hace parte del Club Juvenil Lobos Unidos, proceso que lleva cuatro años promoviendo la paz, el liderazgo y la participación juvenil en la Comuna 1.

“Toda mi vida me han enseñado esto desde mi hogar y mi colegio, pero en el momento en que más conocimiento adquirí fue cuando entré al Club Juvenil Lobos Unidos, porque es un lugar que está formando a los jóvenes para ser agentes protectores de nuestro territorio. Estamos conociendo los lugares de nuestro barrio y de otros barrios en los que se ven estas problemáticas”. 

Ella explica que además del trabajo con jóvenes tienen un grupo semilla llamado Recrelobos, donde realizan actividades de capacitación y recreación con niños y niñas, creando espacios seguros para la prevención del reclutamiento y la explotación sexual y comercial. “Nosotros tenemos un sitio activado que es La Polvorera, este es un lugar que está muy olvidado donde hemos escuchado que a los niños los están explotando. Aparte, es un lugar donde venden muchas drogas y los niños ya están comenzando a seguir esos pasos”.

Allí, el club juvenil ha hecho presencia con recreaciones, cine foros y capacitaciones de prevención; sin embargo, Karen reconoce que factores como la falta de acceso a la educación y a un trabajo formal incrementan la vulnerabilidad: “Hay familias que ni siquiera tienen los alimentos diarios. Si almuerzan no comen, si desayunan no tienen almuerzo y esto también afecta a los niños y niñas”.   

Recientemente, el Informe Final de la Comisión de la Verdad entregó la cifra de 16.238 niñas, niños y adolescentes reclutados entre 1990 y 2017, y el volumen “No es un mal menor”, dedicado a abordar los impactos de la guerra y las violencias que vivieron.  El documento expone cuatro factores que facilitan el uso y vinculación de los menores de edad a los grupos armados: “1) las condiciones de precariedad en las que viven, con pocas opciones para desarrollar sus capacidades; 2) la presencia de grupos armados que controlan y definen las dinámicas de los territorios; 3) la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos, y 4) el desdén del Estado para prevenir la violencia que los afectan”.

Cuatro elementos que persisten en la ciudad de Medellín, configurando violencias estructurales con ciclos que se repiten y problemáticas que no logran solucionarse a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad. La Alerta Temprana 032 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, asegura que, aunque la Alcaldía cuenta con una oferta preventiva, esta es insuficiente para la realidad de muchos territorios. “Hay elementos de carácter estructural, asociados a la posición geoestratégica de la ciudad, a su tipo de economía con una alta informalidad y propensa al lavado de activos, a la inequidad, al narcotráfico, entre otros factores de vulnerabilidad, que son precisamente los que han permitido el mantenimiento y reciclaje de Grupos Armados de Crimen Organizado en Medellín”.

La Alerta identificó 140 organizaciones armadas ilegales en la Ciudad. “El contexto de amenaza en Medellín se determina por el accionar de un elevado número de actores armados ilegales, a tal punto que todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado. Ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio, el restante incluye las áreas institucionales, lo que da cuenta de la magnitud de esta problemática”.

Para la Comisión de la Verdad, “el Estado no está ausente de los territorios más afectados por la guerra, sino que tiene una presencia armada fuerte, que no siempre vela por la protección de la ciudadanía ni le garantiza el acceso a sus derechos. Estos factores se conjugan y crean las condiciones para el reclutamiento”. Además, agrega que, en zonas empobrecidas, con dificultades para acceder a ofertas educativas y laborales que les permitan construir un proyecto de vida digno, “los grupos armados ponen en juego una serie de estrategias para presentarse como una opción que mejora sus condiciones de vida, pero que finalmente los sume en los escenarios de la guerra, profundizando su estado de vulnerabilidad y sumando nuevas violencias a las que tenían antes de ser incorporados a las filas”.

¿Cuáles son las modalidades?

Alexandra Virviescas, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social, familia y DDHH de la Alcaldía de Medellín, afirma que en la Ciudad se está dando más el uso y la utilización que el reclutamiento. La funcionaria aclara que, el reclutamiento se presenta cuando los sacan de su entorno familiar y social, les entregan un arma y se los llevan a otros lugares. Cuando se habla de uso y utilización, no los sacan de su entorno familiar pero sí de su proyecto de vida.

“Los usan para portar el arma, porque tienen en el imaginario que no los judicializarían como menores de edad, portan o esconden el dinero y la droga; saben cuándo avisarles sobre la presencia de las autoridades… y en el caso de las niñas se están usando las redes sociales para llevárselas y explotarlas sexualmente… también se da en las instituciones educativas donde utilizan menores para que capten otros menores de edad que, a través de esos pares, los van engañando prometiéndoles que van a tener una mejor calidad de vida, que van a poder comprar ropa, viajar o a tener muchas cosas que sus padres no pueden suplir económicamente”, explica la subsecretaria. 

La Alerta 032 de 2020, revela que gran parte de los casos se presentan entre los 10 y 12 años, que a su vez es la edad de mayor deserción escolar. Sin embargo, denuncia que la vinculación está descendiendo hasta los 7 años de edad. “A estas edades empiezan con labores sencillas, como el transporte de drogas y armas dentro del barrio (llamados popularmente “carritos”), labores de vigilancia (campaneros) u otros apoyos a las plazas de vicio. Hasta aquí los chicos y chicas son pagados con drogas o sumas de dinero que no pasan de 50.000 pesos por cada encomienda”. 

A través de la Alerta se identificó que, a partir de los 14 y 15 años, los van integrando a la estructura delincuencial vinculándolos a las plazas de vicio, el cobro de extorsiones y otras rentas ilegales, o incluso al sicariato. “Aquí los NNA* empiezan una carrera criminal en donde unos pocos llegarán a la cima varios años después, a repetir el círculo de la vinculación y/o reclutamiento a la ilegalidad con la siguiente generación de NNA del barrio”.

Andrés Felipe Abadía, integrante de la Corporación Danza Matanza y líder social del barrio Manrique Oriental, se cuestiona sobre los referentes con los que están creciendo los niños, niñas y adolescentes. “¿Cuáles son esos referentes que tienen ellos de lo que quiero ser o lo que quiero seguir?, ellos ven que el man que está armado es que tiene el poder, y tener el poder piensan que es importante”.

Abadía denuncia que en esta zona se evidencia falta de acompañamiento de los padres, madres y demás personas a cargo del cuidado. “¿Si el papá no está, si el papá lo abandonó o la mamá está trabajando a quién voy y le cuento mis problemas, y quién me los ayuda a resolver?”. En estos casos, el actor armado es el que empieza a escucharlos, darles consejos y alimentación, y de esta manera, se ganan su confianza y se convierten en referentes a seguir. 

Astrid Torres, socióloga defensora de derechos humanos e integrante de la Corporación Jurídica Libertad, explica que esta problemática está asociada al control territorial, social, económico y sobre la vida de las poblaciones más vulneradas. 

Además, afirma que se ha encontrado una estrecha relación con el desplazamiento intraurbano, pues muchas familias abandonan sus hogares al ver que sus hijos/hijas pueden ser víctimas de la vinculación. Cuando se desplazan algunas logran acceder a las rutas del Estado y otras deben empezar de cero, con el miedo e incertidumbre de ser revictimizadas o de volver a repetir los ciclos de violencia. 

¿Cómo atender la problemática?

La Comisión señala que en contextos donde no se garantiza de manera integral los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los grupos armados hacen caso omiso de las leyes internacionales de derecho humanitario y protección de la infancia y adolescencia. Por lo tanto, afirma que este “es un ejercicio de corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado”. 

Astrid asegura que no es suficiente con asistir a la escuela o a programas complementarios,  es deber de la institucionalidad concentrar sus esfuerzos en atender los altos niveles de vulnerabilidad de las familias. Enfatiza en que se deben crear entornos protectores, políticas de empleo, y una mayor capacidad institucional para responder al contexto y a la desfinanciación de las estructuras criminales. 

En respuesta a la problemática, la Subsecretaria explica que, desde la Alcaldía de Medellín, están fomentando espacios pedagógicos en las instituciones educativas para mostrar el fenómeno y explicar cómo activar las rutas de atención. Además, hacen presencia en los barrios de la ciudad mediante mesas interinstitucionales como: la Mesa Distrital de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA, Mesa contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), y otras ofertas que permiten la activación de rutas de prevención urgente.

El 7 de agosto, el Consejo Territorial de Paz, Convivencia y Reconciliación de Medellín (CONPAZ), convocó la Audiencia de Paz por la vida digna de la niñez y la juventud en el Teatro Talita Cumi del barrio San José La Cima, Comuna 3.  Este fue un escenario de diálogo entre la comunidad, la institucionalidad y las organizaciones sociales y comunitarias de la Zona Nororiental, para establecer y articular estrategias colectivas de prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA.

Durante el encuentro, los y las asistentes manifestaron que esta problemática tiene una estrecha relación con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; el incremento del tráfico y microtráfico de drogas; la violencia intrafamiliar; el desempleo; y el control social y territorial. Además, identificaron que los lugares donde más se presenta son: canchas, parques, inquilinatos y discotecas.

La compilación y sistematización de las intervenciones determina que es indispensable la consolidación de espacios para el desarrollo de agendas artísticas y culturales; el fomento de estrategias de promoción y divulgación de mecanismos y rutas de atención; la viabilización de las denuncias y celeridad de los trámites de casos; y la ampliación del acceso a la información. 

Luisa Ramírez de la Corporación de Investigación Formación para la Transformación Social (IFT), enfatizó en la importancia de “la fuerza pedagógica, artística y política como dispositivo para captar la atención de los niños y jóvenes, y desde allí ofrecer alternativas pedagógicas. También con el fin de buscar las condiciones para que ellos tengan otras oportunidades laborales y educativas, y así no entren en el círculo de las bandas armadas”. 

Jonathan Martínez, promotor del programa de Paces Comunitarias de la Corporación Con-Vivamos, explica que gracias a la articulación con la administración municipal y a la voluntad política de los procesos sociales, culturales y comunitarios que participaron en la audiencia, se ha avanzado en la instalación de la Mesa Territorial de Protección y Cuidado de la Niñez y la Juventud, como una apuesta política para consolidar a la Nororiental como un Territorio de Vida y Paz. 

La Mesa Territorial busca desarrollar un plan de acción para prevenir la explotación sexual comercial y el reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes a través de 5 ejes: arte y cultura; formación e investigación; comunicaciones; fortalecimiento organizativo; y emprendimiento y sostenibilidad.

De esta manera se continúan tejiendo redes y alianzas para fortalecer las iniciativas de paz y promover los entornos protectores, fomentando la prevención de violencias, la protección de los derechos humanos y el cuidado de la vida. 

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

*Niños, niñas y adolescentes.

Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 – Popular, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. 

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