Con los diálogos entre el Gobierno y grupos armados ilegales de Medellín, se abre un camino de esperanza para los barrios de la ciudad y las juventudes que la habitan. 

El pasado 2 de junio se realizó en la Cárcel de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, la instalación de las conversaciones sociojurídicas entre el Gobierno nacional, y las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá. El espacio fue el resultado de más de nueve meses de acercamientos y generación de confianza entre las partes, y abre un camino hacia las transformaciones sociales necesarias para superar la violencia en los territorios. 

“Desde el primer momento este proceso tendrá como criterio central para la toma de decisiones, el respeto por los derechos de las comunidades afectadas por la violencia. Proyectaremos y haremos todo lo posible por concretar las transformaciones barriales y comunales necesarias para prevenir nuevas violencias”.

Así consta en el comunicado conjunto presentado por las partes de este proceso. 

En ese sentido, uno de los principales objetivos de este espacio a corto plazo será reducir las cifras de homicidio, las desapariciones, y la vinculación de niños y jóvenes a las dinámicas de violencia. Aunque son inciertas las cifras, según el analista y ahora asesor de este espacio de conversación, Fernando Quijano, se estima que alrededor del 40% de los integrantes de los grupos armados ilegales son menores de edad, un flagelo que tiene sus mayores índices en las zonas Nororiental y Noroccidental de Medellín. 

“La mejor manera de honrar la vida, de tantos torturados, desaparecidos y asesinados, es posibilitar las condiciones para que los habitantes de esta ciudad puedan experimentar un país con democracias profundas, con cambios, donde la inequidad y la desigualdad no lleven a construir el eterno de la tragedia, donde niños y jóvenes solo tienen como posibilidad vincularse a las violencias”, enfatizó el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. 

Por su parte, los delegados de las estructuras armadas ilegales hicieron lectura de un comunicado, en el que se refirieron a las condiciones que han llevado a que la juventud encuentre en la delincuencia caminos de supervivencia:

“Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos intentar un sendero distinto: el de la paz, el del perdón y la reconciliación. Un camino que debe pasar por la transformación de las comunas del Valle de Aburrá, que tiene que traducirse en oportunidades para la gente, en equidad, educación, salud y cultura».

El Alto Comisionado explicó que este proceso de conversaciones sociojurídicas estará acompañado, de manera simultánea, por un proceso de diálogo y participación con las comunidades en los territorios: “Qué hogar, qué cuadra, qué comuna y ciudad queremos. Qué ciudad que garantice la no repetición. Sin transformaciones sociales, ambientales y territoriales, todo esto será vago, vacío, y será una nueva frustración”, puntualizó. 

Arlex López, director de la Corporación Con-Vivamos en la Comuna 1, uno de los territorios que más se ha visto golpeado por la violencia y el conflicto urbano, se refirió a este proceso: 

“Se debe atender la desigualdad, y se debe hacer presente el Estado social de derecho, para acabar con los íconos cotidianos que tienen los territorios con los grupos delincuenciales. Las transformaciones sociales son las que le dan sentido a este tipo de negociaciones. Desde Con-Vivamos sentimos que es importante rodear y fortalecer el equipo delegado por el presidente Petro. El reto vale la pena como paz integral. Es inédita la participación de las comunidades y esto se debe asumir no solo en las 21 comunas de Medellín, sino en los demás municipios del Valle del Aburrá”.

Esta mesa de conversaciones, facilitada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, estará coordinada por Jorge Iván Mejía Martínez, con el acompañamiento de la senadora Isabel Cristina Zuleta, la ex comisionada de la Comisión de la Verdad, Lucía González, y la lideresa social Gisela Quintero. Contará con la asesoría de Fernando Quijano, Johan Giraldo y Mijael Lacher. 

Mientras el proceso avanza y se conocen los detalles de su marco jurídico, así como la ruta de participación con las comunidades, las organizaciones sociales del territorio avanzan en la construcción de agendas y propuestas de paz territorial urbana e integral. Es el caso de la Gira Territorial por la Paz que se lleva a cabo entre el 13 y el 16 de junio, convocada por organizaciones sociales, comunitarias y academia, con el fin de abrir espacios de diálogo alrededor de la mesa de conversaciones con el ELN que se adelanta en La Habana. 

El espacio principal y cierre de esta Gira será el encuentro sobre “Agendas territoriales de paz para la participación, la democracia y las transformaciones sociales», que tendrá lugar en el Teatro al aire libre Silvio Salazar Martínez, ubicado en el barrio La Salle-Villa Guadalupe de la Comuna 1, el viernes 16 de junio a las 3:00 p.m.