Por: Alejandra Castañeda, María Angélica Orozco y Sara López

Lina Marcela Orozco (nombre que le asignamos a la menor para proteger su identidad) es una adolescente de 17 años que salió con sus amigos el pasado sábado, 18 de marzo. Ella relata cómo llegó a su casa ese día, cerca de las 11:00 p.m., agitada y muy deprisa para el baño de su cuarto. Con voz solloza se lanzó a los brazos de su madre para sentirse protegida de las manos de su primo que la abusó sexualmente de regreso a casa. Lina fue víctima de violencia sexual, y entró en la lista de menores de edad que son abusadas por su género en el territorio antioqueño.

Como Lina, que vive en el departamento de Antioquia, cientos de niñas son vulneradas diariamente por sus familias, amigos, conocidos, compañeros y hasta parejas sentimentales. El panorama en este departamento en los últimos 10 años ha llevado a “ponerle lupa” a las cifras alarmantes que padece el territorio. 

Los datos suministrados por la Policía Nacional, a través del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional (2023), demuestran que entre 2013 y 2022 se perpetraron 30.945 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 26.152 fueron contra mujeres, lo que equivale al 85% del registro total de casos.

Aunque las niñas son las principales víctimas de violencias sexuales, las cifras de abusos hacia niños y adolescentes hombres también son dicientes: en este mismo territorio 4.197 fueron víctimas de algún delito sexual entre 2013 y 2022, lo que representa un 15% de los casos reportados.

Pero, ¿cómo definir la violencia sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)? Tal y como lo expone la Ley 1146 del año 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, “la violencia sexual (…) comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.

Estos actos de violencia se convirtieron para la ley nacional en graves delitos que atentan contra derechos fundamentales de los menores, entre ellos la libertad, integridad y formación sexual, “en tanto limita su posibilidad de autodeterminarse sexualmente, es decir, de decidir sobre su comportamiento y su propio cuerpo en materia sexual, con repercusiones incluso hacia el futuro”, según lo indica la Corte Constitucional (2011).

En Colombia, la Ley 1236 del año 2008 modifica la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, y establece 23 artículos en ese sentido. Durante el periodo analizado, en Antioquia se reportaron 11.465 denuncias por Actos sexuales  con menor de 14 años, y 7.598 por Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, siendo estos los delitos de mayor ocurrencia en el departamento. 

¿Qué pasa en Antioquia?

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE en 2018, Antioquia contempla una población aproximada de 5.974.788.  Este departamento, que alberga la pirámide natural más alta del mundo (Cerro Tusa), uno de los pueblos patrimonio de Colombia (Jardín) y cuna de importantes artistas, poetas, músicos y escritores, lleva en sus montañas y ríos la marca de más de 30.000 niños, niñas y adolescentes que han sufrido desde Inducción a la prostitución (Artículo 213), Explotación Sexual y Comercial (Artículo 217A), hasta Acceso Carnal Violento (Artículo 206), siendo Lina Marcela una víctima más de este último delito.

La joven de ojos claros y piel morena, quien cursa el grado undécimo, está radicada en la subregión del Suroeste, conformada por 23 municipios, en donde se registraron alrededor de 6 casos de violencia sexual por cada 1000 habitantes durante el periodo analizado, ubicándose en el segundo lugar con la tasa más alta del departamento. En el Bajo Cauca, por ejemplo, que es una zona minera, considerada como una de orden público complejo, se registró una tasa de 3.7 casos por cada 1000 habitantes, siendo esta la menor de todo el departamento. 

Por su parte, en el Magdalena Medio se encontró la tasa más alta de los últimos 10 años. Esta subregión, con una población aproximada de 91.000 habitantes, presenta condiciones especiales de ubicación, economía, cultura y geografía, que dan cabida a la masificación de delitos, entre ellos los sexuales. 

Su principal actividad económica es la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, lo que según el investigador Freddy Pantoja Timarán acrecienta la llegada de migrantes, mineros informales y “oscuras inversiones hechas por actores del conflicto interno armado”, además “en estos poblados, la cultura del oro origina problemas de violencia, abuso y excesos que se vuelven incontrolables por el aislamiento de las regiones mineras con respecto a centros urbanos importantes”.

Culturalmente ha atravesado graves problemas de conflicto interno, grabando en la memoria del país municipios como Puerto Berrío donde se efectuaron “masacres descomunales y entierros colectivos”, pero que dejó los rieles de un Ferrocarril que conectó por años diferentes departamentos, tal como lo relata el escritor Mauricio Builes.

Las cifras del Magdalena Medio hacen parte de un exponencial crecimiento a nivel departamental. Mientras en el 2013 se registraron 407 casos en todo Antioquia, para el 2015 se contabilizaron 2.644 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad, 3.314 para el 2017, 4.340 en el 2018, y 4.798 durante el 2019, tendencia que cedió en el 2020 al registrarse 4.002 casos.

Al respecto, autoridades como el ICBF alertaron en el año 2020 que, pese al aumento de las violencias sexuales, las denuncias y registros oficiales evidenciaban lo contrario, a raíz de la imposibilidad de las víctimas para acceder a rutas de atención y a la institucionalidad, como colegios o jardines infantiles, lugares donde era posible identificar las situaciones de riesgo.

Acciones institucionales para atender los delitos sexuales

Según organismos como ONU Mujeres, "Si bien cualquier persona puede ser víctima de violencia, las relaciones de poder desiguales y las desigualdades de género arraigadas tienen repercusiones desproporcionadas en las mujeres y las niñas". 

Por eso, la tarea está en fortalecer procesos de prevención que permitan una educación consciente en las casas, los colegios, los espacios públicos, las instituciones y sobre todo en las familias, que son el núcleo principal de la sociedad, con el fin de desnaturalizar estas desigualdades.

A nivel gubernamental existen diversas formas de activar rutas y mecanismos para denunciar y atender los delitos sexuales. 
En el plano nacional, la Ruta de atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual se activa con la denuncia por parte de la comunidad y la remisión de los sectores Salud, Educación o Justicia, mediante los canales de atención telefónicos, presenciales o virtuales. A  partir de ese momento todos los mecanismos de atención y restablecimiento de derechos son puestos en funcionamiento.

Desde la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSA), se ofrece el Modelo de Intervención Integral en Casos de Abuso Sexual como una contribución para la atención de esta problemática, tanto en la prevención como en la reparación. Partiendo de la atención médica de urgencia y la recolección de evidencias y testimonios útiles para la ruta judicial que sigue la denuncia, las víctimas de violencias sexuales reciben también acompañamiento integral de profesionales en salud mental y trabajo social. 

Adicional a esto, La SSSA menciona que uno de sus objetivos primordiales es fortalecer la red de apoyo de los menores, incluyendo en el modelo elementos de enseñanza en autoprotección, conocimiento de factores de riesgo, indicadores del abuso infantil y conciencia frente al trato digno por medio de algunas herramientas disponibles en la web, como la Guía detección y prevención ante situaciones de abuso sexual y maltrato a niños o el Instrumento de prevención y detección del riesgo de abuso sexual en niños.

La enseñanza e identificación de riesgos es indispensable para fortalecer el trabajo en red. Así mismo, es fundamental la apertura de canales de comunicación acorde a las necesidades de los territorios, la operatividad de la institucionalidad frente a las denuncias, la activación de rutas de atención, y sobre todo la consciencia colectiva por el respeto a la vida.

30.886 niños, niñas y adolescentes antioqueños sufrieron algún tipo de violencia sexual entre 2013 y 2022

***

Radiografía de delitos sexuales en Antioquia es un ejercicio periodístico, realizado en el marco del curso Periodismo de datos de la Especialización en Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, en alianza con la Corporación Con-Vivamos.

Para este ejercicio, fue tomado como punto de partida el conjunto de datos "Reporte de delitos sexuales en el Departamento de Antioquia", publicados por la  Dirección General de la Policía Nacional en el portal de datos de Colombia www.datos.gov.co, con el fin de analizar el comportamiento de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el departamento, y algunos de los factores que han incidido para la ocurrencia de estos casos. 

Equipo de trabajo:

Katlin Alejandra Castañeda Henao: Comunicadora Social - Periodista. Apasionada por contar y retratar las historias que se tejen entre las montañas, los ríos y los corazones del territorio

María Angélica Orozco: Licenciada en Pedagogía. Redactora de contenido cultural y educativo para plataformas digitales.

Sara López Acevedo: Comunicadora, creadora de contenidos digitales y estrategias comunicativas y pedagógicas para el sector social y comunitario. Asociada de la Corporación Con-Vivamos.